La jueza Lucrecia Bustos rechazó el pedido de sobreseimiento y cambios de calificación para Luis Itzcovich y Fernando Romito y respaldó la hipótesis investigativa trazada por la fiscal Andrea Gómez, por lo que elevó la causa para que se resuelva en un debate oral.
La Justicia de Garantías rechazó los pedidos de sobreseimiento y cambio de calificación para los imputados y detenidos por el crimen del Dj “Lele” Gatti y respaldó la hipótesis investigativa trazada por la fiscal Andrea Gómez, por lo que elevó la causa para que se resuelva en un juicio oral y público.
La jueza de garantías Lucrecia Bustos no dio lugar a lo planteado por los abogados defensores Cristian Ford, en representación de Luis Itzcovich y de Silvina Oviedo, por el exencargado de seguridad de Mr. Jones, Fernando Alberto Romito.
Ford había cuestionado la coautoría de Itzcovich y remarcó que “únicamente” quedó demostrado que manejaba la moto y que “solo” tenía como fin el arrebato contra Gatti, “sin tener culpabilidad en la muerte de la víctima”. El abogado defensor argumentó que su defendido “nunca tuvo el dominio sobre la realización del hecho delictivo, ni intervino en la inteligencia previa” y que “solo le ofrecieron, el día antes del robo, participar de un arrebato”.
Para sustentar sus dichos, Ford explicó que la moto que conducía Itzcovich pertenecía al prófugo Maximiliano Urra Zapata y que no sabía que el otro prófugo, Maximiliano Vergara, estaba armado. Además, dijo que en las imágenes de las cámaras de seguridad quedó “demostrado” que Itzcovich “no es un delincuente profesional” cuando en pleno robo se le cayó la moto y no podía encenderla.
Por estos puntos es que Ford consideró que la participación del imputado “no era trascendental” y que encuadraría más en un cómplice, ya que sus actos fueron útiles pero “no determinantes”.
La jueza rechazó estos planteos y explicó Itzcovich acordó manejar la moto “aceptando la posibilidad” de que se emplearan armas de fuego en casa de resistencia por la víctima o ante el posible auxilio de terceros, por lo que el resultado era previsible. “Al menos actuó con dolo eventual, lo que abastece el elemento subjetivo requerido en la figura”, concluyó.
Pedido de nulidad rechazado
Por su parte, la abogada Silvina Oviedo también solicitó el cambio de calificación para Romito y también la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, una una supuesta ausencia de evacuación de citas del imputado y por considerar que “la fiscal tomó decisiones arbitrarias y carentes de una derivación razonada del derecho vigente, que violentan el principio de objetividad del Ministerio Público”.
Oviedo denunció que existieron al menos dos líneas investigativas omitidas y que existió negación de pruebas y violaciones al derecho de defensa y principio de objetividad. Además, la abogada denuncio irregularidades en la investigación y en el accionar policial.
Estas “líneas investigativas” planteadas por la defensa se basan en que el crimen pudo haber sido un ajuste de cuentas: por un lado vinculado a la recuperación de equipo de sonido y la otra por una deuda de drogas.
“Si bien la letrada cuestiona de manera innecesariamente agresiva a los funcionarios de las distintas instancias del Ministerio Público, no observo ninguna irrazonabilidad en estas denegatorias ni vicios de fundamentación que merezcan la intervención de la Justicia de Garantías”, explicó la jueza Bustos al argumentar los rechazos de los planteos de la defensa.
“La fiscal reúne los elementos necesarios para acusar o no al imputado, resultando una etapa procesal de carácter meramente provisoria e impulsoria de la posterior de juicio. La fiscal Gómez siguió la hipótesis que consideró correcta, en función de las piezas colectadas, descartando a su vez otras por su carencia de solidez”, destacó la jueza y agregó: “Las medidas que invoca la abogada, tenderían a profundizar líneas investigativas emergentes de declaraciones aisladas y sin asidero, que al no tener corroboración objetiva no justificaban mayores indagaciones”.
Los supuestos ajustes de cuentas
La jueza Bustos explicó que las hipótesis planteadas por la abogada defensora, de ajustes de cuentas, quedaron descartadas inicialmente por el relato del coimputado Itzcovich, como así también por testimonios de empleados de Mr. Jones.
“La fiscal Gómez trazó una sólida hipótesis con adecuado sustento probatorio, en la que describió los roles que les cupo a cada uno de los imputados y requirió múltiples diligencias para efectivizar la detención de Vergara y Urra Zapata”, dijo la jueza de garantías y agregó: “Lo cierto es que la vinculación de Romito con el hecho se encuentra sustentada, lo que configuran un cuadro indiciario sólido. Considero acreditados los extremos de la imputación, pudiendo las dudas planteadas ser disipadas en un debate”.
Finalmente, en cuanto al pedido de cambio de imputación, Bustos consideró que quedó demostrado que “Romito habría brindado el dato sobre el retiro de dinero de Mr. Jones, puntapié inicial para planificar el robo, lo que es un aporte imprescindible para el hecho”.
“Aún cuando Romito no pudiera prever el resultado fatal, aceptó tomar intervención en un delito que aún sin este desenlace hubiese configurado un robo agravado por el uso de arma y no permitiría su excarcelación”, concluyó la jueza.
Finalmente, tras rechazar cada uno de los planteos de las defensas, la jueza de garantías Lucrecia Bustos elevó la causa a juicio.
La hipótesis fiscal
El domingo 26 de septiembre del 2021 siendo aproximadamente las 6, cuando Leandro Gatti se retiraba de Mr. Jones, en Playa Grande, y fue abordado por dos hombres que iban en moto, identificados como Itzcovich y Vergara, quienes contaban con el apoyo de Urra Zapata, que los esperaba en un Renault Clío.
Vergara amenazó a Gatti con un arma de fuego y le exigió la entrega de sus pertenencias, al pensar que era quien llevaba la recaudación del bar. La víctima, al resistirse, recibió un disparo mortal en el tórax, que le provocó el fallecimiento por un paro cardio respiratorio.
Los delincuentes se apoderaron del bolso de “Lele”, en el que llevaba su computadora y equipos de sonido. Para la fiscal, el golpe fue planeado gracias a la información brindada previamente por el jefe de seguridad de Mr. Jones, Romito, quien les aportó los movimientos y horarios de los empleados y el momento en que iban a sacar el dinero de la recaudación.